Negación a la realización de un cuerpo de escritura

Fecha: 20/12/2008

Tribunal Supremo Sala II de lo Penal. Sentencia 892/2008, de 26 de diciembre
Ponente: JUAN RAMON BERDUGO GOMEZ DE LA TORRE


En la Villa de Madrid, a veintiséis de Diciembre de dos mil ocho.

En los recursos de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos penden, interpuestos por Carlos José , Eugenio y Jose Daniel , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Málaga, Sección 8ª, que condenó a los acusados, por delitos de secuestro, contra la integridad moral, robo con violencia e intimidación, dos faltas de lesiones, un delito de extorsión, un delito de falsedad en documento mercantil y un delito de falsedad en documento oficial; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dichos recurrentes representados por los Procuradores Srs. Ayuso Gallego, Ortiz García y Calleja García respectivamente.

ANTECEDENTES
Primero.- El Juzgado de Instrucción número 2 de Torremolinos, instruyó sumario con el número 7 de 2005, contra Carlos José , Eugenio y Jose Daniel , y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Málaga, cuya Sección Octava, con fecha 13 de noviembre de 2.007, dictó sentencia, que contiene los siguientes:

HECHOS PROBADOS: Del conjunto de prueba practicada y obrante en autos apreciada en conciencia, se establece como probado y así se declara que los procesados Carlos José , Eugenio y Jose Daniel , mayores de edad, y sin antecedentes penales, se concertaron para llevar a cabo los siguientes hechos:

l°) En fechas anteriores al 11 de Enero de 2004 decidieron que Jose Daniel contactara con el súbdito marroquí Jose María a quien Jose Daniel conocía desde hacía tiempo, por haberle hechos varios trabajos en diversas propiedades que Jose María tiene en España y era conocedor del alto nivel económico de Jose María , y le condujera, so pretexto de enseñarle unos inmuebles, al chalet sito en la Urbanización Capellanía de Benalmádena, alquilado al efecto por el procesado Eugenio bajo el nombre de Jose Antonio usando documentación preparada a dicho fin con fotografía del mismo. El citado chalet está situado en el nº NUM000 de la CALLE000 esquina con CALLE001 nº NUM001 y fue alquilado el día 5 de Enero de 2004.

Siguiendo el plan descrito, el día 11 de Enero de 2004 Jose María fue conducido al referido Chalet por Jose Daniel , y tras abrirles la puerta Eugenio y Carlos José que cubrían sus rostros, Jose Daniel le hizo entrar con un empujón, y una vez en el interior, con ánimo de menoscabar la integridad corporal de Jose María y poder obtener el inicial ilícito de enriquecimiento le golpearon en la cabeza por detrás, y le produjeron varios cortes en la espalda, al tiempo que le cubrían la cabeza con una bolsa de Plástico, le taparon la boca con cinta adhesiva y le ataron con una cinta de nylon, pasando toda la noche sobre una cama de una habitación del piso superior del chalet donde le llevaron los procesados.

2°) En la situación antes descrita, los procesados sustrajeron a Jose María la suma de 1.400 E que llevaba consigo, así como las llaves de su casa, que utilizaron para entrar en la misma con ánimo de apoderarse de todo de cuanto de valor encontraran, sustrayendo una maleta pequeña con documentos relativos a las propiedades de Jose María , un bolso gris y dos bolsas de plástico que contenían documentos como talonarios de cheques, libretas bancarias y diversas llaves de su propiedad.

3°) Jose María privado de libertad de movimientos como estaba, fue obligado por los procesados a firmar diversos documentos que comprometían su patrimonio entre ellos el cheque nº NUM002 de la entidad la Caixa, contra la cuenta corriente de la que era titular n° NUM003 , en el que tuvo que poner su firma tras serle quemada la espalda con una plancha por los procesados que actuando de común acuerdo y coordinadamente con Eugenio y Jose Daniel , añadió de su puño y letra la expresión "al portador", así como la fecha 10 de Enero 2004 y la suma de 8.000 en cifra y en letra. El cheque referido y manipulado del modo dicho, fue ingresado el 14 de enero de 2004 por persona desconocida a través de un cajero automático de la Caixa ubicado en el Centro Comercial El Capricho, sin que llegara a transferirse su importe a la cuenta NUM004 abierta a nombre de Manuel ( Eugenio pues ya habían sido bloqueadas las cuentas de Jose María . Dentro de la misma dinámica temporal el día 13 de Enero de 2004 entre las 10.30 y las 11.00 horas de la mañana, Jose María fue conminado con métodos como los ya descritos a que llamase por teléfono al Director del BBV A sito en plaza Costa del Sol de Torremolinos, Emilio , cosa que hizo para indicarle que iba a hacer una transferencia de 600.000 a la cuenta n° NUM005 , abierta también a nombre de Manuel ( Eugenio ) en el Banco Atlántico, transferencia que no llegó nunca la hacerse efectiva, lo que no impidió que el titular de la referida cuenta, Manuel ( Eugenio ) fuera a la entidad bancaria a preguntar si le ¡había llegado tal transferencia, atendiéndole la empleada Catalina .

No quedan acreditas las circunstancias exactas que se dieron en otra supuesta ¡llamada telefónica a una empleada del BBV A, a la que supuestamente Jose María habría telefoneado desde Estepona, obligado por sus raptores.

Jose María consiguió liberarse y huir de sus captores, a primera hora de la mañana del día 15 de Enero de 2004, comunicando los hechos a la Policía que procedió a detener a los procesados.

Como consecuencia de los hechos antes descritos, Jose María , sufrió diversas contusiones, herida inciso punzante en hombro izquierdo y quemadura en la espalda, que precisaron para su curación una primera asistencia facultativa, tardando en curar 30 días todos ellos impeditivos.

4°) En el momento de ser detenido por la Policía, el procesado Jose Daniel era portador de un pasaporte y un permiso de conducir falsos belgas, con su fotografía y a nombre de un tal Juan Enrique , sin que quede acreditado el lugar concreto donde se produjo la manipulación.

Igualmente al ser detenido por la Policía el procesado Carlos José , llevaba un pasaporte finlandés y un permiso de conducir noruego falso, con su fotografía a nombre de un tal Octavio . Hasta fecha de 13-6-2007 se le había tenido por Carlos José . No ha quedado acreditado el lugar exacto donde se realizara la manipulación referida.

A Jose María , le fueron sustraídos además de los 1.400 que llevaba consigo, 1 reloj de gran valor, dos teléfonos móviles y dos chaquetas.

No queda acreditado que la tarjeta de crédito ocupada al procesado Carlos José , estuviera destinada por éste a otra cosa que no fuera reforzar la falsa identidad de que se le acusa, ni ha sido objeto tal tarjeta de los análisis adecuados.

Segundo.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

FALLO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a los procesados Carlos José , Eugenio y Jose Daniel como autores criminalmente responsables de los DELITOS DE SECUESTRO, CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL, ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN, DOS FALTAS DE LESIONES, UN DELITO DE EXTORSIÓN UN DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL Y UN DELITO DE FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL ya definidos, sin concurrir circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, a las siguientes penas:

A) AL PROCESADO Carlos José por el Delito de Secuestro, la pena de 8 años de Prisión, por el Delito Contra la Integridad moral y de tortura, a la pena de 18 meses de Prisión; por el delito de Robo con violencia e Intimidación la pena de 3 años de prisión; por el delito de Extorsión a la pena de 4 años de prisión; por el delito de Falsedad en documento mercantil. a la pena de 2 años de prisión y 9 meses de multa a razón de 6 diarios; por el delito de Falsedad en Documento Oficial a la pena de 2 años de prisión y 10 meses de multa a razón de 6 diarios, y por las dos Faltas de lesiones a dos pena de 1 mes de multa con cuota diaria de 6 .

B) AL PROCESADO Jose Daniel por el delito de secuestro a la pena de 8 años de prisión; por el delito Contra la Integridad moral a la pena de 18 meses de Prisión; por el delito de Robo con violencia e intimidación. a la pena de 3 años de prisión; por el delito de falsedad en documento mercantil a la pena de 2 años de prisión y multa de 9 meses a razón de 6 diarios; por el delito de Falsedad en documento oficial a la pena de 2 años de prisión y multa de 10 meses con cuota diaria de 6 ; Y por las dos Faltas de lesiones a dos penas de 1 mes de multa con cuota diaria de 6 por cada una.

C) AL PROCESADO Eugenio por el delito de secuestro a la pena de 8 años de prisión; por el delito Contra la Integridad moral, a la pena de 18 meses de Prisión; por el delito de Robo con violencia e intimidación. a la pena de 3 años de prisión; por el delito de extorsión a la pena de 4 años de prisión; por el delito de Falsedad en documento mercantil a la pena de 2 años de prisión y multa de 9 meses a razón de 6 diarios; y por las dos Faltas de lesiones a dos penas de 1 mes de multa con cuota diaria de 6 por cada una.

Asimismo se imponen las accesorias de Inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena privativa de -libertad, y el pago de 9 décimas partes de Costas procesales, incluidas las de la Acusación Particular.

Los procesados INDEMNIZARAN CONJUNTA Y SOLIDARIAMENTE A Jose María en la suma de 1.400 Euros que le fueron sustraídos, así como en lo que sea tasado en ejecución de sentencia el reloj, los dos teléfonos móviles y las dos chaquetas que le fueron sustraídas. En concepto de daños físicos y morales le indemnizarán en la suma de 12.000.

Ofíciese a la Caixa a fin de que reintegre y ponga a disposición del Sr. Jose María los 8.000 que resultaron cargados contra la cuenta titularidad de Jose María .

Asimismo debemos ABSOLVER y ABSOLVEMOS LIBREMENTE a los procesados Carlos José , Eugenio y Jose Daniel del delito de COACCIONES por el que vienen siendo acusados, y al procesado Carlos José del delito de Tenencia de moneda falsa para su expendición, al no haber quedado acreditados dichos delitos con el rigor procesal necesario. Se declaran de oficio 1 décima parte de las Costas Procesales.

A los procesados les será abonado el tiempo que hayan estado privados de libertad, para el cumplimiento de las expresadas penas.

Reclámese la pieza de Responsabilidad Civil concluida conforme a derecho.

Con fecha 29 de noviembre de 2.007 se dicta Auto de aclaración del fallo de la sentencia, respecto del procesado Jose Daniel lo siguiente: por el delito de extorsión la pena de 4 años de prisión.

Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por Carlos José , Eugenio y Jose Daniel , que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.

Cuarto.- Las representaciones de los procesados, basan sus recursos en los siguientes MOTIVOS DE CASACION.

Recurso interpuesto por Carlos José

PRIMERO.- Al amparo del art. 24 CE . y art. 5.4 LOPJ . por entender vulnerado el derecho a la presunción de inocencia.

SEGUNDO.- Al amparo del art. 5.4 LOPJ . en relación con el art. 24 CE . por entender vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y por infracción del art. 120 que impone la obligación de motivar sentencias.

Recurso interpuesto por Eugenio

PRIMERO.- Al amparo del art. 24 CE . presunción de inocencia.

SEGUNDO.- Por vulneración de precepto constitucional al haberse vulnerado el derecho del art. 24.2 CE . a un proceso sin dilaciones indebidas.

TERCERO.- Por vulneración de precepto constitucional, al haberse vulnerado el derecho del art. 24.2 CE . a un proceso con las debidas garantías.

CUARTO.- Por infracción de Ley, por aplicación indebida del art. 243 CP ., por estar subsumido el tipo penal de la extorsión dentro del tipo de la detención ilegal contenido en el art. 164 CP .

QUINTO.- Por infracción de Ley por aplicación indebida de los arts. 390.1.1 y 392 CP ., por no haber quedado acreditado que nuestro patrocinado haya tenido participación en la confección del documento mercantil falsificado.

SEXTO.- Por infracción de Ley, al haberse aplicado de forma indebida el precepto contenido en los arts. 237 y 242.1 CP . por no aparecer en la causa ningún elemento subjetivo que permita determinar la comisión del tipo delictivo.

SEPTIMO.- Por infracción de Ley, al haberse aplicado de forma inidonea el art. 66 CP . en cuanto a la aplicación de la pena.

Recurso interpuesto por Jose Daniel

PRIMERO.- Por infracción de Ley del art. 849.1 LECrim. al infringirse según los hechos que se declaran probados los arts. 1, 27, 28, 29, 163, 164, 173, 177, 237, 242, 390 y 392 CP.

SEGUNDO.- Por infracción de Ley del art. 849.1 LECrim. por existir error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos.

TERCERO.- Por quebrantamiento de forma del art. 851.1 LECrim .

CUARTO.- Por quebrantamiento de forma del art. 851.1 LECrim . por consignarse como hechos probados conceptos que por su carácter jurídico implican la predeterminación del fallo.

QUINTO.- Por infracción de preceptos constitucionales a tenor de lo previsto en el art. 5.4 LOPJ . y en el art. 852 LECrim .

Quinto.- Instruido el Ministerio Fiscal de los recursos interpuestos no estimó necesaria la celebración de vista oral para su resolución y que apoya parcialmente el motivo cuarto del recurso interpuesto por Eugenio e impugna el resto de los motivos de los recursos interpuestos por las razones expuestas en su informe; la Sala admitió el mismo quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.

Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día once de diciembre de dos mil ocho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
RECURSO INTERPUESTO POR Carlos José

PRIMERO: El motivo primero por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 5.4 LOPJ . en relación con el art. 24 CE . por entender vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, puesto que en la sentencia se condena sin que haya existido en el juicio prueba de cargo suficiente de los hechos que se le imputan obtenida con todas las garantías, salvo la declaración del perito policial, ya que la víctima no es convincente y duda, no reconoce al recurrente.

El examen de la cuestión planteada requiere traer a colación, aún sucintamente, la reiterada doctrina de este Tribunal sobre el derecho a la presunción de inocencia y los requisitos constitucionalmente exigibles a la prueba para desvirtuar dicha presunción.

Como venimos afirmando el derecho a la presunción de inocencia se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo validas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, como declara la STC. 189/98 de 28.9 "solo cabrá constatar una vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado". Constituye también doctrina consolidada de este Tribunal que no le corresponde revisar la valoración de las pruebas a través de las cuales el órgano judicial alcanza su intima convicción, sustituyendo de tal forma a los Jueces y Tribunales ordinarios en la función exclusiva que les atribuye el art. 117.3 CE . sino únicamente controlar la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta. De modo que sólo podemos considerar insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable. En tales casos, aún partiendo de las limitaciones ya señaladas al canon de enjuiciamiento de este Tribunal y de la posición privilegiada de que goza el órgano judicial para la valoración de las pruebas, no cabrá estimar como razonable, bien que el órgano judicial actuó con una convicción suficiente, más allá de toda duda razonable, bien la convicción en sí (SSTC. 145/2003 de 6.6, 300/2005 de 2.1, 70/2007 de 16.4 ).

En este ámbito además de los supuestos de inferencias ilógicas e inconsecuentes, la STC. 204/2007 de 24.9 , ha considerado asimismo insuficiente las inferencias no concluyente, incapaces también de convencer objetivamente de la razonabilidad de la plena convicción judicial.

En definitiva como hemos explicitado en múltiples resoluciones de esta Sala, por todas sentencias 753/2007 de 2.10, 672/2007 de 19.7 , cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Tribunal de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa pero si puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal «a quo» contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia (STS. 1125/2001 de 12.7 ).

Así pues, al tribunal de casación debe comprobar que el tribunal ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió porque se realiza con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. Pero no acaba aquí la función casacional en las impugnaciones referidas a la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la instancia obliga al tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia, a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo (STS. 209/2004 de 4.3 ). Esta estructura racional del discurso valorativo si puede ser revisada en casación, censurando aquellas fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva arbitrarias (art. 9.1 CE ), o bien que sean contradictorias con los principios constitucionales, por ejemplo, con las reglas valorativas derivadas del principio de presunción de inocencia o del principio "nemo tenetur" (STS. 1030/2006 de 25.10 ).

En definitiva el control que compete al Tribunal Supremo respecto de la verificación de la prueba de cargo suficiente para acreditar la efectiva concurrencia de todos y cada uno de los elementos del delito de que se trate no consiste en cuestionar "la específica función judicial de calificación y subsunción de los hechos probados en las normas jurídicas aplicables, sino en verificar que la actividad probatoria se ha practicado con las garantías necesarias para la adecuada valoración ", en comprobar "que el órgano de enjuiciamiento expone las razones que le han conducido a constatar el relato de hechos probados a partir de la actividad probatoria practicada"; y en "supervisar externamente la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante".

SEGUNDO: En el caso presente la Sala de instancia en relación a la autoría de Carlos José valora como indicio que sí bien en el acto del juicio oral la víctima se mostró confuso en cuanto a la identificación de este acusado repitiendo en varias ocasiones que estaba muy cambiado, que había cambiado, anteriormente si lo había reconocido en rueda en el Juzgado de Instrucción (folio 926). Pero, en todo caso, destaca la existencia de una prueba definitiva y concluyente que acredita la participación de este recurrente, cual es las pruebas periciales dactiloscópica y grafológica realizadas ambas por la Policía científica.

En efecto esta ultima, practicada por los policías NUM006 y NUM007 que en el plenario ratificaron íntegramente el informe pericial obrante a los folios 1063 a 1082, fue concluyente respecto a que las palabras "al portador" y la cifra "ochocientos euros" fueron puestas de su puño y letra por el procesado Carlos José en el cheque que se pretendió cobrar, tras haber obligado a la víctima Jose María a firmarlo.

Prueba que la Sala considera más determinante por su rotundidad que la practicada a instancia de la defensa por el perito particular D. Everardo que, en definitiva, afirmó haber encontrado "simplemente coincidencias vagas entre los escritos dubitado e indubitado".

Razonamiento correcto pues en esta situación ante las diferentes conclusiones de ambos informes, la Sala sentenciadora puede de forma razonada decantarse por aquél que le ofrezca un mayor grado de certeza en base a las propias explicaciones dadas en el plenario, y eso es lo que hace, de suerte que la elección no es gratuita sino motivada, lo que excluye la nota de arbitrariedad (STS. 528/2003 de 8.4 ).

Y con respecto a la prueba dactiloscópica, el agente nº NUM008 que efectuó la recogida y análisis de las huellas, encontró 12 particularidades de coincidencia, sin que tuviera duda alguna sobre la identificación de las mismas con los procesados Carlos José y Eugenio (informe pericial folios 868 a 879).

Pues bien sobre esta prueba la STS. 468/2002 de 15.3 considera indicio especialmente significativo, es decir de una "singular potencia acreditativa, que las huellas dactilares del recurrente se encuentran en el lugar donde los hechos acaecieron".

Como recuerda la STS. 29.10.2001 y ha señalado esta Sala en reiteradas sentencias en las que se ha admitido la efectividad de esta prueba para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia (entre otras las de 17.3, 19.6.99 y las de 22.3, 27.4 y 19.6.2000), la pericia dactiloscópica constituye una prueba plena en lo que respecta a la acreditación de la presencia de una persona determinada en el lugar en que la huella es encontrada y permite establecer, con seguridad plenamente absoluta, que sus manos han estado en contacto con la superficie en la que aparecen impresas.

La conexión de estos datos con la atribución al titular de las huellas de la participación en los hechos delictivos necesita, sin embargo, un juicio lógico inductivo sólidamente construido, del que pueda deducirse, sin duda racional alguna, que por el lugar en que se encuentra la huella o por el conjunto de circunstancias concurrentes ésta necesariamente procede del autor del hecho delictivo, o bien quepa establecer conclusiones alternativas plausibles que conduzcan a la incertidumbre o a la indeterminación, porque las huellas han podido quedar impresas antes o con posterioridad a la comisión de los hechos delictivos de una manera ocasional.

Pues bien en el presente caso no concurre esta posibilidad alternativa plausible, dadas las específicas circunstancias concurrentes, por lo que ha de estimarse que la conclusión del tribunal sentenciador es la única razonable y lógica, sin duda racional alguna.

En efecto las huellas fueron localizadas de modo inmediatamente posterior a los hechos delictivos por la Policía Judicial, y el agente policial que tomó las huellas y realizó el análisis "matizó vehemente en el acto del juicio "- según expresión de la propia sentencia- como tras muchos años de experiencia policial en huellas dactilares, pocas veces actuó el reactivo más rápidamente, lo que indica a su juicio que eran recientísimas, incluso de horas antes.

Por otra parte el propio acusado no proporciona una explicación alternativa plausible de cómo pudieron quedar impresas sus huellas dactilares en el lugar donde la víctima permaneció detenida. Es cierto que no recae sobre el acusado la carga de acreditar su inocencia, pero cuando existen pruebas de cargo serias de la realización de un hecho delictivo -y las huellas dactilares indudablemente lo son- la ausencia de una explicación alternativa por parte del acusado, explicación "reclamada" por la proba de cargo y que solamente este se encuentra en condiciones de proporcionar, puede permitir obtener la conclusión, por un simple razonamiento común, de que no existe explicación alternativa alguna.

TERCERO: El motivo segundo por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 5.4 LOPJ . en relación con el art. 24 CE ., por entender vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y por infracción del art. 120 que impone la obligación de motivar las sentencias.

Considera el motivo que la sentencia impugnada ha incurrido en infracción de los referidos preceptos constitucionales por cuanto en ella se ha omitido toda motivación respecto de dar por bueno todo lo actuado, manifestado y documentado por el recurrente, para el día de los hechos denunciados se encontraba en Suiza, lo que ha sido corroborado por testigos.

Asimismo hace referencia al principio in dubio pro reo que debe operar en los casos en que el Tribunal no puede llegar a una convicción firme sobre lo probado (en el presente caso) resolviéndose aquella situación de incertidumbre vacilación o duda a favor del reo.

El desarrollo argumental del motivo hace necesario precisar como el Tribunal Constitucional y esta Sala (SSTS. 1192/2003 de 19.9, 742/2007 de 26.9 ), han recordado el mandato del artículo 120.3 de la Constitución acerca de la necesidad de que las sentencias estén siempre motivadas, lo cual constituye, asimismo, una exigencia derivada del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de Jueces y Tribunales, proclamado en el artículo 24.1 del mismo texto constitucional . Motivación que viene impuesta para evitar cualquier reproche de arbitrariedad, satisfacer el derecho del justiciable a alcanzar la comprensión de la resolución judicial que tan especialmente le afecta, así como para garantizar y facilitar el control que permite la revisión de la sentencia en otras instancias judiciales o, en su caso, por el Tribunal Constitucional. Así, se ha señalado, entre otras en la STS núm. 584/1998, de 14 de mayo , que, por lo que se refiere específicamente a las sentencias, la motivación debe abarcar (Sentencias del Tribunal Supremo de 26 abril y 27 junio 1995 ), los tres aspectos relevantes: fundamentación del relato fáctico que se declara probado, subsunción de los hechos en el tipo penal procedente (elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo, circunstancias modificativas), y consecuencias punitivas y civiles en el caso de condena (Sentencia 1132/2003, de 10 de septiembre ). Pues, como dice la Sentencia 485/2003, de 5 de abril , las sentencias deben estar suficientemente motivadas no sólo en lo referente a la calificación jurídica central o nuclear a que se contraiga el objeto del proceso, sino también en lo relativo a cualquier punto jurídico del debate y de las peticiones de las partes, pues así lo exige el referido artículo 120.3 de la Constitución y también el no hacerlo puede conllevar el defecto formal contenido en el artículo 851.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , falta que tradicionalmente se ha denominado «incongruencia omisiva».

Finalmente, y como dice nuestra Sentencia 555/2003, de 16 de abril , el derecho a la tutela judicial efectiva, establecida en el Art. 24.1 de la CE , comprende, entre otros derechos, el de obtener una resolución fundada en Derecho de los Jueces y Tribunales, y exige que las sentencia expliciten de forma suficiente las razones de sus fallos, esto es, que estén motivadas de forma bastante, lo que además venía ya preceptúado en el Art. 142 de la LECrim , está prescrito por el Art. 120.3º de la CE , y se deduce implícitamente de la prohibición de la arbitrariedad que impone el Art. 9.3º de la misma. La finalidad de la motivación será hacer conocer las razones que sirvieron de apoyatura a la decisión adoptada, quedando así de manifiesto que no se ha actuado con arbitrariedad. La motivación tendrá que tener la extensión e intensidad suficiente para cubrir la esencial finalidad de la misma; que el Juez explique suficientemente el proceso intelectivo que le condujo a decidir de una determinada manera. En este mismo sentido, STC 57/2003, de 24 de marzo .

En efecto este derecho del Art. 24.1 CE . integrado por el Art. 120 de la misma, consagra constitucionalmente el derecho del justiciable a conocer el fundamento de las resoluciones jurídicas, de tal manera que la motivación de la sentencia es una consecuencia necesaria de la función judicial y de su vinculación a la Ley, teniendo el justiciable derecho a exigirlo (SSTS. 15.1.2002, 16.7.2004 ).

Tal motivación requiere del Tribunal la obligación de explicitar los medios probatorios utilizados para declarar la verdad judicial del hecho enjuiciado y que, junto a las consideraciones relativas a la subsunción de los hechos en el tipo penal procedente, y consecuencias punitivas en caso de condena, integran el derecho del justiciable a la tutela judicial efectiva. De esta manera, la motivación de las sentencias constituye una consecuencia necesaria de la función judicial y de su vinculación a la Ley, permite conocer las pruebas en virtud de las cuales se le condena (motivación fáctica) y las razones legales que fundamentan la subsunción (motivación jurídica) al objeto de poder ejercitar los recursos previstos en el ordenamiento y, finalmente, constituye un elemento disuasorio de la arbitrariedad judicial.

Cuando se trata de la llamada motivación fáctica, recuerda la STS. 32/2000 de 19.1 , la sentencia debe exponer cuál o cuáles son las pruebas que sustentan la declaración de hechos probados, al objeto de que, conocidas éstas, la parte tenga posibilidad real de impugnar la razonabilidad del criterio valorativo del juzgador y que el Tribunal de casación, pueda, asimismo, efectuar la función revisora sobre si el razonamiento de la resolución judicial impugnada es suficiente para cimentar el relato histórico.

Por ello la credibilidad de la prueba de cargo para la reconstrucción de los hechos justiciables de la acusación, depende en gran medida de la menor credibilidad que se otorgue a la prueba de descargo que contradice aquella y como todas las cuestiones que afectan a la identificación del valor probatorio deben justificarse en términos de racionalidad discursiva y sistemática que es lo que, a la postre, permitirá, primero, descartar que la decisión es arbitraria y, segundo, su control efectivo por el Tribunal superior por la vía del recurso que interponga la parte agraviada.

Siendo así y con respecto a la motivación fáctica, hemos dicho en STS. 285/2006 de 8.3 , que no basta con dar como probada la participación de los diversos sujetos incursos en un proceso penal, mediante una genérica y global apreciación probatoria, sino que es necesario, uno por uno, destacar cada uno de los elementos probatorios, indiciarios o directos, de los que se han servido las acusaciones para determinar, después, sí los mismos son aptos para destruir la presunción constitucional de inocencia proclamada en el art. 24.2 CE .

Por ello la cuestión de si la valoración de la prueba está suficientemente motivada en la sentencia no es una cuestión que ataña solo al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE .), afecta principalmente al derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE .). El Tribunal Constitucional ha reiterado que uno de los modos de vulneración de éste derecho lo constituye precisamente la falta de motivación del iter que ha conducido de las pruebas al relato de hechos probados de signo incriminatorio. Como se afirma en la STC. 145/2005 de 6.6 , existe "una intima relación que une la motivación y el derecho a la presunción de inocencia, que no en vano consiste en que la culpabilidad ha de quedar plenamente probada, lo que es tanto como decir expuesta o mostrada.

La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia; así lo hemos afirmado en numerosas ocasiones, señalando que no sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado, sino también, con carácter previo a estos supuestos, en los casos de falta de motivación del resultado de la valoración de las pruebas (SSTC. 189/98 de 28.9, FJ.2, 120/99 de 28.6, 249/2000 de 30.10 FJ.3, 155/2002 de 22.7 FJ. 7, 209/2002 de 11.11 FJ. 3, 163/2004 de 4.10 FJ.9 ).

Una de las consecuencias de esta perspectiva constitucional de la falta de motivación suficiente del relato fáctico incriminatorio es la de que la plena reparación del derecho vulnerado pasará normalmente por la anulación sin retroacción de la sentencia condenatoria. En términos análogos a los utilizados por la STC. 151/97 de 18.6 FJ.5, para el derecho a la legalidad sancionadora, la falta de un fundamento fáctico concreto y cognoscible priva a la pena del sustento probatorio que le exige el art. 24.2 CE . y convierte el problema de motivación, reparable con una nueva, en un problema de presunción de inocencia, solo reparable con su anulación definitiva.

De ahí que pueda afirmarse que por exigencias del modelo cognitivo constitucional, la motivación fáctica adquiere, al menos, la misma centralidad que previamente tenia la motivación en derecho.

El incumplimiento de dicho deber o su cumplimiento defectuoso ya no sólo puede suponer un defecto o vicio interno de la resolución que comprometa su validez, sino que constituye una fuente de lesión directa del derecho a la presunción de inocencia que pueda arrastrar como consecuencia no la nulidad de la sentencia, sino la absolución del inculpado (SSTC. 5/2000, 1391/2000, 149/2000, 202/2000 ). En este sentido la STS. 16.2.2005 absuelve de una condena en la instancia porque la motivación, al no contemplar referencia alguna a la prueba de descargo, no satisfizo de forma adecuada el estándar de justificación que le era exigible.

El grado de motivación constitucionalmente exigido ex derecho a la presunción de inocencia es superior al grado mínimo exigido en general para la tutela judicial efectiva, dado que está precisamente en juego aquel derecho y en su caso, el que resulte restringido por la pena, que será el derecho a la libertad cuando la condena lo sea a penas de prisión (SSTC. 2009/2002 de 11.1, 169/2004 de 6.10, 143/2005 ). Esta explicitación debe conectarse con el contenido del derecho a la presunción de inocencia y transmitir la información necesaria para comprobar "desde un punto de vista subjetivo que cuando el Juez llegó a la conclusión fáctica que expresa, lo hizo porque no obligaba al respecto duda razonable, y desde una perspectiva objetiva que su convicción no resulta reprobable: que resulta razonable pensar que no albergaba dudas razonables" (STC. 145/2005 ). Tal información constituye una garantía que ha de ser respetada con especial vigor en el marco de la prueba indiciaria, pero que también es exigible en la denominada prueba directa, pues ésta para ser conectada con los hechos probados requiere también en muchas ocasiones una interpretación o inferencia que, cuando no resulta evidente por sí misma puede hacer necesario extender a ella las exigencias derivadas del deber de motivación (STC. 5/2000, 249/2000 ).

CUARTO: En el caso presente la sentencia de instancia, Fundamento Jurídico segundo analiza la prueba de cargo constituida por la declaración de la víctima y pruebas periciales tal como se ha razonado en el motivo precedente, explica de forma razonada y razonable su eficacia acreditativa en relación a la participación del recurrente en los hechos que le son imputados, cuyo rotundo resultado considera incompatible con su versión de encontrarse en Suiza y no el chalet de Capellanía donde estuvo secuestrado Jose María y tal es así que acuerda deducir testimonio de particulares por un presunto delito de falso testimonio contra el testigo Rubén que apoyó la versión del recurrente.

Siendo así no puede sostenerse que la Sala sentenciadora no haya valorado la prueba de descargo del hoy recurrente, lo que conduce necesariamente a la desestimación del motivo.

RECURSO INTERPUESTO POR Eugenio

QUINTO: El motivo primero por vulneración de precepto constitucional, al haberse vulnerado el derecho del art. 24.2 CE . a la presunción de inocencia por cuanto en la presente causa no existe suficiente actividad probatoria ni para poder fijar la totalidad de los hechos delictivos, ni tampoco para inferir los mismos mediante un razonamiento deductivo que parta de los indicios habidos en la causa y que permita llegar a la condena del recurrente, cuestionando las pruebas en las que la sentencia fija su culpabilidad que considera indicios circunstanciales y el reconocimiento efectuado por la víctima de los hechos en el juicio oral, al referirse a él como uno de los autores del secuestro, cuando no lo reconoció en rueda de reconocimiento (folio 727 de la causa).

El motivo no puede tener favorable acogida.

a) En cuanto al reconocimiento en rueda, esta Sala -por ejemplo S. 994/2007 de 5.12 - tiene declarado que es una diligencia esencial pero no inexcusable. Supone un medio de identificación, no exclusivo ni excluyente, destinado y dirigido a la nominación y concreción de la persona supuestamente responsable de todo delito investigado, diligencia evidentemente inidónea en el plenario porque su ejecución sería ya imposible. Es pues una actividad probatoria de la fase instructora, por lo que los defectos graves con que la misma se haya desarrollado en su inicio, difícilmente pueden ser subsanados ya con posterioridad precisamente porque en su esencia es una prueba anticipada (STS.500/2004 de 2.4 ).

Por ello esta Sala ha señalado que el reconocimiento en rueda constituye en línea de principio una diligencia especifica sumarial de difícil practica en las sesiones del juicio oral por resultar atípica e inidónea (STS. 153/99 ), pero no que el testigo no pueda reconocer a la víctima directamente en el Plenario e inmediatamente a presencia del Tribunal, de forma que incluso un reconocimiento dudoso en fase sumarial puede ser subsanado mediante uno inequívoco en el Plenario o viceversa cuando en la fase de instrucción se ha producido una rueda de reconocimiento con todas las formalidades legales y el reconociente no ha admitido dudas sobre la identidad del reconocido y en el Plenario las suscita, el Tribunal, previa introducción de dicha diligencia en el juicio oral, puede acoger la que le ofrezca mayor verosimilitud.

Por otra parte, mediante el reconocimiento en rueda se pretende la averiguación de la verdad a medio de la identificación del acusado siempre que previamente se ofrezcan dudas de cualquier entidad, de donde se sigue que si no se plantean éstas no es una diligencia preceptiva.

También ha señalado la Jurisprudencia (S.T.S. 1230/99 ) que la prueba sobre el reconocimiento no la constituye la diligencia practicada en el sumario, sino el testimonio del identificador en el Plenario ante el Tribunal de instancia, añadiendo que la diligencia de reconocimiento en rueda, aún cuando se practique a presencia del Juez de Instrucción, del Secretario y del Letrado de la defensa, no pasa de ser una diligencia sumarial, pero para que la identificación efectuada en la misma adquiera la condición de prueba de cargo es necesario que, comparecido al juicio oral el reconociente y a presencia del Tribunal, pueda ser sometido al interrogatorio de las partes sobre dicha identificación (STS. 28.11.2003 ).

No otra cosa acaece en el caso enjuiciado en el que la víctima Jose María tras reconocer a Eugenio en el juicio oral "al de la camisa blanca y fue interrogado por las defensas respecto al dedo cortado o defectuoso, matizando que "a uno de los secuestradores le pasaba algo en su dedo pero que no le faltaba", señalando a continuación una característica física:

- pequeño tatuaje en forma de 2 rayas en el dorso de una de las manos que el propio Tribunal con la inmediación propia del acto comprobó que Eugenio tenía al exhibir sus manos.

b) Asimismo no podemos olvidar que a falta de prueba directa, también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento de condena sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que:

a) Los indicios se hacen en hechos plenamente probados y no en meras sospechas, rumores o conjeturas.

b) Que los hechos constitutivos del delito o la participación del acusado en el mismo, se deduzcan de los indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, detallado en la sentencia condenatoria.

Como se dijo en las SSTC. 135/2003 de 30.6 y 263/2005 de 24.10 , el control constitucional de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse tanto desde el canon de su lógica o coherencia (de modo que será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho de que se hace depender de ellos o no conduzcan naturalmente a él), como desde el de la suficiencia o carácter concluyente (no siendo pues, razonable, cuando la inferencia es excesivamente abierta, débil o imprecisa), si bien en este ultimo caso se debe ser especialmente prudente, puesto que son los órganos judiciales quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y obtenido con todas las garantías del acervo probatorio.

SEXTO: Pues bien en el caso que examinamos la Sala valora como indicios relevantes: que fue este recurrente quien con el nombre falso de Jose Antonio alquiló el chalet donde se produjo el secuestro de Jose María , unos días antes del dicho secuestro, causando perplejidad a la Sala que reconozca haber alquilado el chalet de Capellanía (lugar del secuestro) y haber dado 4.000 euros para solo usarlo dos días e irse a vivir a Marbella, no constándole trabajo ni actividad alguna; que fue también bajo el nombre de Manuel quien abrió la cuenta NUM004 en la Caixa, donde se ingresó el cheque nº NUM002 cuya firma puso Jose María violentado por los acusados, y la cuenta en el Banco Atlántico de Fuengirola nº NUM005 a fin de recibir la transferencia de 600.000 euros que Jose María tenia que realizar violentado por los procesados, destacando la Sala que el recurrente no supo que contestar a la pregunta de cómo explica que una persona estuviera secuestrada en su chalet o que los secuestradores pretendieran transferirle 600000 euros a las cuentas que él abrió en las referidas entidades bancarias con pasaporte falso a nombre de Manuel que al efecto entregó (folios 49 y 68).

La prueba pericial dactiloscópica respecto al hallazgo de sus huellas en el chalet y la negativa del mismo a realizar un cuerpo de escritura a efectos de la pericial grafologíca.

Negativa que puede valorarse por la Sala como un indicio más. Tal como dijimos en la STS. 259/2006 de 6.3 puede justificarse, en principio, tal negativa por el hecho de que podría implicar una autoacusación a lo que tiene derecho a excusarse por el amparo que le presta el art. 24.2 CE . en el que se dispone que nadie está obligado a declarar contra si mismo o a confesarse culpable. Pues bien, se trata de una prueba, realizar un cuerpo de escritura, que por sus características no supone una intervención corporal propiamente dicha ya que para practicarla no es necesario realizar una invasión de derechos propios de la persona como la intimidad personal o la integridad física. Desde el punto de vista de su agresividad corporal podemos decir que se trata de una acción totalmente banal a la que el interesado puede prestarse sin que por ello se resientan sus derechos fundamentales. No obstante al tratarse de una aportación probatoria de carácter personal que pudiera afectar al derecho a no declarar o a no confesarse culpable, cabe analizar su naturaleza para determinar si nos encontramos ante una prueba de confesión o tiene una naturaleza distinta. Al igual que sucede con las pruebas de alcoholemia o de identificación de voz, consideramos que prestarse a realizar un cuerpo de escritura para que sea sometida a contraste con otras que constan ya incorporadas para comprobar su autenticidad o identidad, no es igual que obligar al interesado a emitir una declaración reconociendo su culpabilidad, ya que como dice el Tribunal Constitucional refiriéndose a la prueba de alcoholemia, se trata de prestar el consentimiento para que se haga o la persona objeto de "una especial modalidad de pericia" exigiéndole una colaboración no equiparable a la declaración comprendida en el ámbito de los derechos proclamados en los arts. 17.3 y 24.3 CE . Una prueba de estas características no vulnera la presunción de inocencia y así lo ha puesto de relieve la Comisión Europea de Derechos Humanos en su Dictamen 8239/74 de 4.12, al declarar que la posibilidad ofrecida al inculpado de probar un elemento que le disculpe no equivale a establecer una presunción de culpabilidad contraria a la presunción de inocencia, puesto que, si puede parecer evidente que, siendo positivo el resultado de la prueba, puede derivarse una sentencia condenatoria, tampoco lo es menos que este mismo examen, si fuera negativo, puede exculpar al imputado (STS. 1332/97 de 3.11 ).

SEPTIMO: El recurrente se limita a cuestionar la fuerza de cada uno de estos indicios pero olvida que esta Sala SSTS 1012/2003 de 11.7, 260/2006 de 9.3, 1057/2006 de 3.11, 1227/2006 de 15.12, 487/2008 de 17.7, ya ha descartado el error de pretender valorar aisladamente los indicios, ya que la fuerza probatoria de la prueba indiciaria procede precisamente de la interrelación y combinación de los mismos, que concurren y se refuerzan mutuamente cuando todos ellos señalan racionalmente en una misma dirección (SSTS. 14.2 y 1.3.2000 ). Es decir la recurrente se limita a analizar cada uno de aquellos elementos y a darles otra interpretación, o bien a aislarles del conjunto probatorio extrayendo sus propias e interesadas conclusiones, pero sabemos que la fuerza convectiva de la prueba indirecta se obtiene mediante el conjunto de los indicios probados, a su vez, por prueba directa, que en esta sede casacional no pueden ser nuevamente revisados y que no se trata del aislado análisis de cada uno de los indicios en su particularidad probatoria, que pueden ser, en si mismos, cada uno de ellos, insuficientes a los efectos que resolvemos (porque en caso contrario sobraría su articulación referencial) pero en conjunto arrojar, a juicio de la Sala sentenciadora, una convicción que despega del propio análisis de cada uno de ellos en particular, ofreciendo en su totalidad una conclusión probatoria, sobre la que esta Sala casacional únicamente tiene que comprobar que cuenta con la necesaria racionalidad y con un adecuado soporte estructural de tipo argumental (SSTS. 19.10.2005, 4.7.2007 ).

No otra cosa acaece en el caso sometido a la censura casacional. Se está en presencia de una prueba personal -identificación en el acto del juicio oral- corroborada por una prueba indiciaria compuesta por varios hechos base totalmente acreditados, no desvirtuados por indicios de signo adverso, que en una global y conjunta valoración ha permitido a la Sala de instancia construir un juicio de inferencia y llegar al hecho consecuencia que se quería acreditar y que se describió en el factum.

No se está, por tanto, ante insuficiencia probatoria alguna, antes bien, la conclusión surge de forma natural del encadenamiento de los indicios analizados, fruto de un juicio inductivo totalmente acorde con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y conocimientos científicos, por lo que con toda claridad se está extramuros de toda decisión arbitraria o infundada (STS. 506/2006 de 10.5 ).

OCTAVO: El motivo segundo por vulneración de precepto constitucional, art. 24.2 CE , derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, habida cuenta el largo tiempo que ha llevado la tramitación de las diligencias por motivos que no pueden ser achacables a los imputados, lo que debe llevar una reducción de la pena por la vía de la atenuante analógica del art. 21.6 CP . y teniendo en cuenta que tales dilaciones han provocado que el recurrente permaneciera en prisión durante tres años hasta la celebración del juicio oral, debería rebajarse la pena impuesta por cada uno de los delitos en dos grados.

El motivo debe ser desestimado.

Como decíamos en las SSTS. 258/2005 de 8.3, 1144/2005 de 11.10, 875/2007 de 7.11 , la doctrina de esta Sala, siguiendo el criterio interpretativo del TEDH en torno al art. 6 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que reconoce a toda persona, el derecho a que la causa sea oída dentro de un plazo razonable, señala los factores que han de tenerse en cuenta para su estimación, que son los siguientes: la complejidad del proceso, los márgenes ordenados de duración de los procesos de la misma naturaleza en igual periodo temporal, el interés que arriesga quien invoca la dilación indebida, su conducta procesal y la de los órganos jurisdiccionales en relación con los medios disponibles.

Por ello, el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas, que no es identificable con el derecho procesal al cumplimiento de los plazos establecidos en las leyes, impone a los órganos jurisdiccionales la obligación de resolver las cuestiones que les sean sometidas, y también ejecutar lo resuelto, en un tiempo razonable. Se trata, por lo tanto, de un concepto indeterminado que requiere para su concreción el examen de las actuaciones procesales, a fin de comprobar en cada caso si efectivamente ha existido un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que sea imputable al órgano jurisdiccional y no precisamente a quien reclama. En particular debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes (STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso González Doria Durán de Quiroga c. España y STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España, y las que en ellas se citan). En el examen de las circunstancias de la causa también el TEDH ha señalado que el periodo a tomar en consideración en relación al artículo 6.1 del Convenio empieza desde el momento en que una persona se encuentra formalmente acusada o cuando las sospechas de las que es objeto tienen repercusiones importantes en su situación, en razón a las medidas adoptadas por las autoridades encargadas de perseguir los delitos. (STEDH de 28 de octubre de 2003, Caso López Sole y Martín de Vargas c. España).

En cuanto los efectos nuestra sentencia de 23.1.2004, con cita de la 1.7.2002 dice lo siguiente:

"los efectos que una vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas puede producir en el seno de un procedimiento penal ha sido objeto de discusión en tres reuniones de pleno no jurisdiccional de esta Sala de lo Penal del Tribunal Supremo:

a) en la primera de ellas, del día 2-10-92, obtuvo mayoría de votos entre los Magistrados la postura de la no incidencia de tal vulneración en el correspondiente pronunciamiento condenatorio. Habría de tener eficacia en una posible solicitud de indulto o en una petición de indemnización al Estado por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, conforme al art. 121 CE . y a los arts. 299 y ss. LOPJ .

b) luego el tema volvió a tratarse en otra reunión de 29.4.97 en la que se acordó que, en caso de apreciarse que en el proceso penal hubiera habido la mencionada vulneración y hubiera de estimarse su motivo de casación al respecto, así habría de declararse por esta Sala en la correspondiente sentencia, sin condena en costas y con los pronunciamientos que se considerasen adecuados, en su caso, sobre proposición de indulto, suspensión de la ejecución de la pena mientras se tramitara la solicitud de esta medida de gracia, conforme a lo dispuesto en el art. 4.4 CP . y un pronunciamiento de segunda sentencia.

c) días más tarde, en otra reunión celebrada el 21.5.99, se acordó reconocer eficacia en la sentencia penal condenatoria a esta violación del mencionado derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, a través de la circunstancia atenuante analógica recogida en el art. 21.6 CP . vigente que se corresponde con la del art. 10.10 CP. 1973 . Se acordó por mayoría la posición que mantenía que esa lesión de un derecho fundamental, de orden procesal, reconocido en el art. 24.2 CE ., podía producir efecto en la cuantía de la pena a través de la mencionada atenuante, como una compensación al reo por el perjuicio producido por el retraso en la tramitación del procedimiento por causas ajenas al propio condenado.

Postura esta sentada en la jurisprudencia más reciente, por ejemplo STS 1.7.2004 , que sobre la base del art. 4.4 CP . ha descartado que la inexistencia de dilaciones indebidas sea un presupuesto de la validez del proceso y por ello de la sentencia condenatoria. Por el contrario, partiendo de la validez de la sentencia, ha admitido la posibilidad de proceder a una reparación del derecho vulnerado mediante una disminución proporcionada de la pena en el momento de la individualización, por lo que habrá de atender a la entidad de la dilación. El fundamento de esta decisión radica en que la lesión causada injustificadamente en el Derecho Fundamental como consecuencia de la dilación irregular del proceso, debe ser valorada al efecto de compensar una parte de la culpabilidad por el hecho, de forma análoga a los efectos atenuatorios que producen los hechos posteriores al delito recogidos en las atenuantes 4ª y 5ª del art. 21 CP . Precisamente en relación con estas causas de atenuación, las dilaciones indebidas deben reconducirse a la atenuante analógica del art. 21.6 CP .

Además de lo anterior se ha exigido en ocasiones que quien denuncia las dilaciones haya procedido a denunciarlas previamente en el momento oportuno, pues la vulneración del derecho, como recordábamos en la STS. 1151/2002 de 19.6 , "no puede ser apreciada si previamente no se ha dado oportunidad al órgano jurisdiccional de reparar la lesión o evitar que se produzca, ya que esta denuncia previa constituye una colaboración del interesado en la tarea judicial de la eficaz tutela a la que obliga el art. 24.1 de la Constitución mediante la cual poniendo la parte al órgano Jurisdiccional de manifiesto su inactividad, se le da oportunidad y ocasión para remediar la violación que se acusa (Sentencias del Tribunal Constitucional 73/1992, 301/1995, 100/1996 y 237/2001; STS 175/2001, 12 de febrero )".

Sin embargo, como hemos dicho en las STS nº 1497/2002, de 23 septiembre, y 705/2006 de 28 de junio , "en esta materia no se deben extremar los aspectos formales. En primer lugar porque en el proceso penal, y sobre todo durante la instrucción, el impulso procesal es un deber procesal del órgano judicial. Y, en segundo lugar, porque el imputado no puede ser obligado sin más a renunciar a la eventual prescripción del delito que se podría operar como consecuencia de dicha inactividad. Esto marca una diferencia esencial entre el procedimiento penal, en lo que se refiere a la posición del imputado, y otros procesos que responden a diversos principios. El derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas está configurado en el artículo 24 CE sin otras condiciones que las que surgen de su propia naturaleza".

Así pues, la obligación de colaborar con el órgano jurisdiccional, que compete a las partes en orden a la necesidad de respetar las reglas de la buena fe (artículo 11.1 LOPJ ), y que se concreta en la denuncia oportuna de las dilaciones con el fin de evitar cuanto antes, o en su caso de paliar, la lesión del derecho fundamental, no alcanza al acusado en el proceso penal hasta el extremo de obligarle a poner de manifiesto la posibilidad de que pueda prescribir el delito cuya comisión se le atribuye, negándole en caso contrario los efectos derivados de una administración de la Justicia con retrasos no justif

 
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